La sesión ordinaria de la Junta Municipal de La Aljorra del pasado 4 de noviembre dejó un balance preocupante en materia de transparencia y participación democrática. La Asociación de Vecinos de La Aljorra acudió tras registrar en tiempo y forma seis baterías de iniciativas centradas en inversiones, seguridad de proximidad, el cuartel de Policía Local y los locales del antiguo colegio Miguel de Cervantes.
Lejos de recibir datos técnicos verificables, los vecinos nos encontramos con un intento sistemático por parte de la Presidencia de eludir la rendición de cuentas, escudándose en una supuesta falta de competencias y desvirtuando el papel institucional que la normativa confiere a la sociedad civil.
El Pleno es un órgano de control, no una sala de silencio
Durante la sesión, la Presidencia alegó que «el turno de ruegos y preguntas no es una vía de fiscalización administrativa ni de entrega de expedientes», instando a la Asociación a limitarse a presentar sugerencias por sede electrónica.
Frente a esta postura, el marco normativo aprobado por el propio Ayuntamiento de Cartagena (Reglamento de Funcionamiento del Pleno de las Juntas Municipales, BORM n.º 149 de 1 de julio de 2025) es tajante:
- Representación legal reglada (Art. 2): Los presidentes de las AAVV «formarán parte del Pleno de la Junta con voz pero sin voto». La AAVV no acude como público que improvisa ruegos; ostenta una representación institucional regulada e indelegable para defender el interés general de la diputación.
- Obligación reglamentaria de respuesta (Arts. 12.6 y 14.2): Las seis iniciativas fueron registradas telemáticamente con la debida antelación formal. En consecuencia, el artículo 14.2 impone a la Presidencia la obligación inexcusable de responderlas.
- El deber de informar y coordinar (Arts. 20, 24 y 25): Es competencia directa de la Presidencia «representar al Ayuntamiento en su ámbito territorial», «informar a los vecinos de todas las actuaciones y proyectos en general» y «procurar la coordinación de los servicios municipales». Derivar a los vecinos a pedir cita con concejalías centrales en Cartagena supone abdicar de las funciones propias de la descentralización municipal.
Cuatro frentes clave: balance de lo ocurrido en la sesión
1. Inversiones: el artículo 22 desmiente el veto a la participación previa
La AAVV solicitó conocer con antelación las propuestas de gasto para contrastar las previsiones presupuestarias con las deficiencias cotidianas que trasladan los vecinos en aceras, calles o drenajes. La Presidencia rechazó la propuesta alegando que no creará «órganos paralelos al margen del reglamento».
La normativa desmiente este argumento: el artículo 22 contempla expresamente la creación en el seno de la Junta de comisiones de trabajo para elaborar propuestas de obras e inversiones, recogiendo que se podrá convocar a representantes de colectivos como asesores técnicos. Proponer una mesa de trabajo sobre inversiones no es una ocurrencia; es aplicar una herramienta ya contemplada en el reglamento.
2. Cuartel de Policía: presupuesto asegurado, incertidumbre operativa
La AAVV valora y celebra la asignación presupuestaria de 1,25 millones de euros confirmada para el proyecto. Sin embargo, el rigor administrativo exige diferenciar entre tramitación de obra y seguridad real:
- Calendario administrativo: La Presidencia confirmó en acta que el proyecto de ejecución sigue en redacción y fijó la licitación para el 30 de abril de 2027, apenas tres semanas antes de las elecciones municipales. Por plazos de concurso público, adjudicación y obra, es inviable que el recinto esté operativo antes de finalizar la presente legislatura tal y como se lleva prometiendo los últimos años.
- Riesgo de una cáscara vacía: Se reconoció en el Pleno que no existe catálogo de personal asignado, ni previsión de cuadrantes, ni confirmación de una oficina presencial para recoger denuncias. Un edificio en obras no patrulla; el compromiso no concluye con licitar una reforma en precampaña, sino cuando existan agentes prestando servicio y una ventanilla abierta para atender a los vecinos.
3. Seguridad de proximidad: la OMITA sigue sin agente
Mientras se tramita el futuro cuartel, La Aljorra acumula más de un año sin policía local presencial tras la jubilación del agente destinado en la OMITA en septiembre de 2025.
Al ser preguntada sobre si ha solicitado formalmente un refuerzo provisional, la Presidencia declinó la gestión e invitó a la AAVV a reunirse directamente con los mandos policiales centrales. Que el máximo representante de la Junta no canalice esta demanda ordinaria y traslade la carga burocrática a los vecinos vacía de sentido el principio de proximidad del artículo 24.
4. Antiguo colegio Miguel de Cervantes: locales sin entrega y biblioteca sin fechas
La AAVV celebró la reserva de siete locales asociativos acordada por la Junta de Gobierno. No obstante, al solicitar concreción sobre el estado de las memorias ya entregadas, el presupuesto de adecuación y la apertura del aula de estudio y la biblioteca, no se aportaron datos técnicos.
La Presidencia admitió carecer de plazos de adecuación o apertura y no disponer de información sobre la biblioteca, remitiendo nuevamente a los vecinos a la Concejalía de Educación. Casi un año después de anunciarse como un proyecto inmediato, las asociaciones continúan sin llaves y los estudiantes sin fecha para su aula de estudio.
Rigor, legalidad e independencia vecinal
Fiscalizar con datos, registros y números de expediente no es confrontación partidista: es ejercer el derecho reglamentario a la participación ciudadana. Degrada la institución quien se niega a rendir cuentas ante sus vecinos, quien ignora los mecanismos de trabajo previstos en el artículo 22 y quien responde a peticiones formales con evasivas burocráticas.
La Asociación de Vecinos de La Aljorra seguirá acudiendo a cada sesión plenaria, exigiendo que cada anuncio presupuestario se concrete en plazos verificables y servicios reales para el pueblo.
