Contrastamos el contenido real de la sesión ordinaria del 23 de junio con las respuestas ofrecidas por la Presidencia de la Junta Municipal. La fiscalización vecinal evalúa con el mismo rigor los avances aprobados en infraestructuras que la falta de concreción en los proyectos municipales y locales.
El pasado martes 23 de junio se celebró la sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de La Aljorra. En cumplimiento del reglamento de participación ciudadana, esta Asociación de Vecinos registró formalmente, con una semana de antelación, una batería de seis preguntas enfocadas en asuntos de interés general para nuestra diputación: infraestructuras sociales, seguridad, educación y gestión de espacios públicos.
Como entidad de carácter estrictamente vecinal y apolítico, la labor de esta asociación es la ordenación y difusión de datos objetivos. Por ello, del mismo modo que se han difundido de manera prioritaria los acuerdos positivos alcanzados en el pleno —como la aprobación de la modificación presupuestaria de 31.651,92 € para la remodelación integral del escenario del Centro Cívico y el refuerzo del vallado de la pista deportiva—, es una obligación institucional analizar el resultado de las preguntas trasladadas a la Presidencia por esta AAVV.
La realidad de un pleno se define en el debate vivo y en las actas oficiales, no en guiones preestablecidos unilateralmente de forma previa a la sesión. A continuación, ofrecemos el contraste aséptico entre los requerimientos registrados y las respuestas efectivas recibidas en el salón de plenos:
1. El Centro de Día: De la optimización de un edificio existente a la incertidumbre de suelo por buscar
- Lo que planteó la AAVV: Se solicitó conocer el resultado definitivo del informe técnico de inundabilidad del antiguo colegio de «La Rambla» (evaluado para albergar el prometido Centro de Día). En caso de ser negativo, se pidió concretar las «diferentes opciones» de ubicación a las que la Presidencia se refirió en diciembre de 2025, dado que no quedan más instalaciones escolares liberadas.
- La respuesta oficial: La Presidencia admitió que a fecha del pleno no dispone de nueva información ni del resultado definitivo del informe técnico. Argumentó que la AAVV «asume por error» que debe reciclarse un colegio, alegando que el Ayuntamiento dispone de solares dotacionales y que la alternativa real sería construir la infraestructura desde cero.
- El análisis institucional: Optimizar una infraestructura ya construida respondía a criterios de urgencia y eficiencia temporal para nuestros mayores. Supeditar la viabilidad del Centro de Día a la localización de suelo dotacional no especificado y a una futura consignación para obra nueva implica, en términos de tramitación administrativa, dilatar el proyecto a largo plazo. La diputación sigue sin una sola parcela concreta ni un calendario técnico sobre la mesa.
2. CEIP Miguel de Cervantes: Las promesas verbales frente a los tiempos de la desafectación
- Lo que planteó la AAVV: Tras ser calificado por la Presidencia en diciembre de 2025 como un plan «cerrado, inmediato y prioritario para dar servicio ya», se preguntó qué impedimento justifica que medio año después el edificio continúe clausurado a los colectivos locales y qué fecha exacta está fijada para la entrega de llaves.
- La respuesta oficial: La Presidencia calificó la consulta de «oportunismo y populismo», argumentando que el centro cesó su actividad hace 9 meses y que la desafectación formal por parte de la Comunidad Autónoma se emitió en abril de 2026. No obstante, durante el debate directo, el presidente admitió verbalmente: «Yo también pensaba que el plan iba a ser más rápido, más ágil».
- El análisis institucional: Calificar de «populismo» la fiscalización de los plazos de un espacio público elude el fondo de la gestión. La AAVV se limitó a contrastar los hechos con las expectativas que la propia Presidencia generó ante las asociaciones de la diputación, a las que se aseguró verbalmente que dispondrían de los locales antes de las fiestas de primavera. Admitir que el proceso administrativo carece de la agilidad prevista es una realidad técnica; descalificar al tejido vecinal por preguntar por los compromisos públicos no es un recurso institucional válido.
3. Seguridad en verano: Interlocución institucional frente a la inhibición de funciones
- Lo que planteó la AAVV: Ante el repunte cíclico de actos vandálicos y robos que coinciden con el período estival, y dado el traslado habitual de efectivos rurales hacia las zonas de costa, se preguntó qué medidas de coordinación urgentes gestionará la Presidencia con el Concejal de Seguridad Ciudadana para asegurar el mantenimiento de las patrullas.
- La respuesta oficial: El presidente de la Junta declaró formalmente: «Ni de manera urgente ni de manera habitual es competencia de esta Presidencia coordinar los efectivos de la Policía Local». Añadió que conocer el funcionamiento de la administración implica respetar que su labor se limita a trasladar las necesidades, delegando la planificación en los mandos policiales.
- El análisis institucional: Los ciudadanos conocen la estructura orgánica de la Policía Local. La solicitud de la AAVV no exigía competencias de mando operativo, sino el ejercicio de la mediación política e interlocución institucional ante la Concejalía delegada para evitar la vulnerabilidad del entorno rural, tal y como se ha realizado en ejercicios anteriores ante repuntes delictivos. Reducir la función de la Junta Municipal a la de un registro pasivo que «traslada» escritos limita la capacidad de defensa de la diputación.
4. Relaciones institucionales: Constancia administrativa frente a la gestión informal
- Lo que planteó la AAVV: Se reclamó el motivo por el cual, tras cuatro meses desde la constitución de la nueva directiva de la AAVV y constando requerimientos formales por registro general, ningún representante de la administración local ha concretado una reunión de trabajo técnico con la asociación más allá de la primera reunión de cortesía.
- La respuesta oficial: La Presidencia afirmó no haber recibido instancias posteriores a dicho encuentro inicial de cortesía. Sostuvo que, si los escritos se dirigieron al Ayuntamiento central, se debe «seguir insistiendo». Justificó la falta de contacto alegando que «al final también se puede perder el escrito, me llama por teléfono…», mientras miembros del equipo de gobierno calificaron la reclamación en público como una «parafernalia innecesaria».
- El análisis institucional: La gestión de las necesidades de una diputación de miles de habitantes requiere de formalidad jurídica y constancia por escrito para asegurar el seguimiento de los expedientes. La representación vecinal confirmó en el pleno la presentación formal de las solicitudes vía registro oficial ante las áreas de Cultura, Descentralización, Infraestructuras, Alcaldía y la propia Junta Municipal. Calificar de «parafernalia innecesaria» el uso de los cauces administrativos legales y proponer llamadas telefónicas informales argumentando que los documentos oficiales «se pueden perder» evidencia una deficiencia en los procedimientos de comunicación institucional.
5. El Instituto de Secundaria: Incertidumbre técnica en el desarrollo urbanístico futuro
- Lo que planteó la AAVV: Ante la redacción del Texto Refundido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se consultó si consta la reserva y calificación específica de suelo dotacional público para un Instituto de Educación Secundaria independiente en La Aljorra, o si se iba a exigir formalmente antes de su remisión definitiva a la Comunidad Autónoma.
- La respuesta oficial: Confirmó que el PGOU contempla reservas de espacio público, pero el presidente admitió: «Desconozco si ese suelo en concreto lleva ya una etiqueta específica para ser un instituto». Rechazó el término «exigir», manifestando que «eso de dar golpes en la mesa (…) se lo dejo a otros líderes políticos», defendiendo en su lugar la «cordialidad y la insistencia».
- El análisis institucional: El planeamiento urbanístico vigente data de 1987. El Texto Refundido actual marcará el desarrollo de La Aljorra para las próximas décadas. Que la máxima autoridad local desconozca la calificación técnica exacta del suelo dotacional para una infraestructura que afecta a una población escolar de más de 8.400 habitantes en la zona oeste representa una debilidad de supervisión. La defensa de los equipamientos del pueblo no es «ruido político», es una responsabilidad pública. El diálogo institucional no debe ser sinónimo de conformismo cuando los plazos de alegaciones técnicas expiran.
6. El Cuartel de la Policía Local: Ausencia de plazos en la obra de mayor envergadura
- Lo que planteó la AAVV: Con un fondo acumulado de 630.000 euros aprobados administrativamente para el ejercicio 2026 (Comunidad Autónoma y presupuesto municipal), se solicitó la fecha exacta de publicación del pliego de condiciones para la licitación de las obras de la primera fase del cuartel en la calle San Lucas, tras haber transcurrido más de tres meses desde la disposición de los fondos.
- La respuesta oficial: La Presidencia reconoció formalmente: «Le respondo con total franqueza que yo, en este momento, no tengo esa información». Argumentó que la tramitación técnica excede las competencias presupuestarias directas de la Junta Municipal y depende de los servicios centrales del Ayuntamiento, comprometiéndose a dar traslado de las preguntas.
- El análisis institucional: El nuevo cuartel es el proyecto de mayor impacto económico y de seguridad anunciado para la diputación. Que tres meses después de la habilitación de las partidas presupuestarias la Junta local carezca de una ventana temporal estimada para la apertura de la licitación demuestra una falta de fiscalización interna de los proyectos centralizados que afectan directamente a nuestro territorio.
Conclusión: La Asociación de Vecinos de La Aljorra mantiene su carácter estrictamente vecinal, independiente y enfocado en el interés general. Agradecemos el apoyo de los vocales que sumaron sus votos para aprobar mociones urgentes en materia de infraestructuras y patrimonio, pero mantendremos una postura de estricta vigilancia ante la falta de concreción de las respuestas del equipo de gobierno.
Rendir cuentas ante los ciudadanos exige datos contrastables, plazos y realidades administrativas, no declaraciones unilaterales en canales digitales. Seguiremos utilizando los cauces legales, registrando instancias y defendiendo con rigor técnico los servicios que los aljorreños financian con sus impuestos.
